Las empresas estatales comenzarán a pagar por concepto de aporte por el rendimiento de la inversión estatal, como mínimo, el 60% del valor de la utilidad después haber restado los impuestos y el monto para incrementar la reserva para pérdidas y contingencias, según el método de cálculo que disponga el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP). El mencionado 60%, aclara la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), deben aplicarlo las empresas en el pago a cuenta que tienen que realizar en este propio mes de octubre y que corresponde al tercer trimestre (julio-septiembre) de 2023. Pues, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Resolución No. 201 de 2023 del Ministerio de Finanzas y Precios, publicada en la Gaceta Extraordinaria No. 64 de este año, los pagos a cuenta se ejecutan en pesos cubanos, dentro de los 15 días hábiles (sin contar no laborables ni feriados) siguientes al cierre de cada uno de los tres primeros trimestres del ejercicio fiscal. Esta resolución aprueba el procedimiento del sistema de relaciones financieras entre el Estado y las empresas estatales, sociedades mercantiles de capital 100% cubano y organizaciones superiores de dirección (OSDE). Respecto a la utilidad imponible de cada trimestre, regula que la misma se calcula sobre la base de los resultados contables acumulados en cada uno de los períodos, y se descuenta el período inmediato anterior. De acuerdo con la mencionada legislación, esos aportes se ingresan por los siguientes párrafos del vigente Clasificador de Recursos Financieros del Presupuesto del Estado: 110010-Rendimiento de la Inversión Estatal, 110011-Rendimiento de la Inversión Estatal  110012-Rendimiento de la Inversión Estatal Respecto a la creación de reservas, la norma especifica en su artículo 13.1 que estas deben estar expresamente aprobadas mediante resolución. Antes de entrar en vigor la Res. 201 de 2023, el porcentaje del rendimiento– como también se le conoce a este aporte– era de 50%. Una vez finalizado el ejercicio económico o año fiscal, las empresas determinan el rendimiento anual mediante la DJ-06 Declaración Jurada de Ingresos No Tributarios, donde deducen los pagos a cuenta trimestrales realizados por este concepto. Sobre la presentación de la DJ-06 de Ingresos No Tributarios La DJ-06 de Ingresos No Tributarios la presentan las empresas desde el 1ro de enero hasta el 31 de mayo del año siguiente al cierre del ejercicio económico, una vez que les hayan sido aprobados por la autoridad facultada, la solicitud de creación de reservas voluntarias y el financiamiento descentralizado de las inversiones, según dispone el artículo 92 de la resolución 201. Y deben enviar copia de su DJ-06 al órgano u organismo de la Administración Central del Estado (OACE) u OSDE al que se subordinan o integran, así como al gobernador o al Consejo de la Administración Municipal en el caso de las entidades del municipio especial Isla de la Juventud. Cuando la obligación anual es inferior a la suma de los pagos a cuenta trimestrales realizados, la entidad debe solicitar la devolución de la cantidad liquidada en exceso, en la ONAT del municipio correspondiente a su domicilio fiscal. Los requisitos para solicitar la devolución pueden consultarse en el apartado Trámites del Portal Tributario y los teléfonos y direcciones de las oficinas tributarias se encuentran en el apartado Contactos de la plataforma. (Dé clic en los enlaces para acceder). Con relación a la liquidación del rendimiento por aquellas empresas que se hayan propuesto retener utilidades al finalizar el ejercicio económico, la Res. 201 aclara que este aporte se realiza después de que dichas entidades cuenten con la aprobación de creación de reservas voluntarias, la cual debe emitirse en o antes del 31 de marzo. Asimismo, estipula que a las empresas a las cuales no se les autorice la creación de dichas reservas finalizado el año fiscal, determinan el rendimiento haciéndolo coincidir con el total de su utilidad, después de restar impuestos y la reserva obligatoria para pérdidas y contingencias. En el caso de empresas que no pueden presentar la DJ-06 hasta el 31 de mayo, porque no disponen de la aprobación de las provisiones y reservas propuestas, deben solicitar a la ONAT municipal el aplazamiento del pago por un período de hasta dos meses. De otra parte, la norma jurídica establece que si el rendimiento (trimestral o anual) no se ingresa al Presupuesto dentro de los términos legales establecidos, los contribuyentes incurren en mora y deben pagar el recargo correspondiente, según lo estipulado en el artículo 425 de la Ley No.113 del Sistema Tributario. Este incumplimiento constituye, además, una infracción tributaria sujeta a las sanciones previstas en la Ley No.113; específicamente en el capítulo IX “Del Régimen Sancionador”. Si las entidades insisten en no cumplir, pueden ser acusadas de cometer el delito de evasión fiscal penado con multas y privación de libertad, de acuerdo con lo establecido en la Ley No. 151, Código Penal cubano, en su capítulo II DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA, artículo 319, del TÍTULO X:  DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO NACIONAL. ¿Cómo se obtiene la DJ-06? En la sección Descargas/Modelos y Formularios del Portal Tributario o dando clic sobre su nombre cada vez que aparece en esta noticia.  También a través de los correos electrónicos de consulta ubicados en Contactos. Adicionalmente es posible adquirirla en las oficinas tributarias, donde se les copia a los contribuyentes en memorias y otros dispositivos USB de su propiedad. ¿Qué empresas se mantienen aportando el 50% por concepto de rendimiento? El artículo 12.2 de la Resolución 201 explica que mantienen ese porcentaje las actividades con precios centralizados y una rentabilidad sobre ventas netas inferior al cincuenta 50%: Transmisión de energía eléctrica; comercializadora de CUPET; suministro de gas licuado y manufacturado; farmacia y óptica; avícola con la producción de huevos; producción industrial de alimentos (harina, lácteo, café y azúcar de venta a la economía interna); comercio minorista de bienes a la población; servicio de transporte público de pasajeros y carga; y suministro de abasto de agua y saneamiento. También siguen aplicando el 50% las entidades económicas que inviertan en la compra de Deuda Pública, un veinticinco por ciento de sus utilidades retenidas para crear reservas voluntarias. Además, excepcionalmente, ante causas debidamente justificadas y previa solicitud de la autoridad facultada correspondiente, el MFP puede aprobar magnitudes diferentes a las establecidas. Esta solicitud se presenta como parte de la propuesta de Presupuesto del Estado que presente el OACE u OSDE al que pertenecen las empresas.   PS: Para obtener la Resolución 201 del MFP, pulse aquí, o en cualquier parte de este artículo donde se mencione este instrumento jurídico. Le pudiera interesar: La Guía para consultar la Ley 113 del Sistema Tributario. La noticia:Modificado Sistema de Relaciones Financieras entre las entidades estatales cubanas y el Estado.  

TOMADO DEL SITIO WEB DEL MFP En los últimos años el sistema de relaciones financieras entre las empresas estatales, las sociedades mercantiles de capital ciento por ciento (100%) cubano y las organizaciones superiores de dirección empresarial, con el Estado se ha flexibilizado, en correspondencia con la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, cuando se señala que: “El Estado en su condición de representante del propietario –el pueblo- regula los destinos de las utilidades que se generan por las entidades de este sistema empresarial”. La Gaceta Oficial No. 64 Extraordinaria de 27 de septiembre de 2023,publica la Resolución No. 201/2023 del Ministro de Finanzas y Precios, que actualiza el “Procedimiento para el Sistema de Relaciones Financieras entre las empresas estatales, las sociedades mercantiles de capital ciento por ciento cubano y las OSDE, con el Estado. Las principales modificaciones que se disponen en esta norma y que responden a criterios, dudas y recomendaciones recibidas son: Se establece que el fondo de adquisición, reparación y construcción de vivienda, pueda utilizarse para financiar la reparación de viviendas que son propiedad del trabajador. Se amplían los destinos para la creación de reservas voluntarias, entre ellas, el Fondo de Responsabilidad Social que contribuye a la atención a los trabajadores activos o jubilados. En ambos casos se benefician los trabajadores que entre otros participan en la creación de las utilidades y también se reconoce la responsabilidad social de estas entidades con participar en la transformación del barrio donde está enclavada la entidad y viven los propios trabajadores. Como parte del programa de estabilización macroeconómica y las medidas asociadas a la disminución de los elevados déficits fiscales que ha presentado la economía en los últimos años, se impone la necesidad de incrementar los ingresos al Presupuesto del Estado, para que cada empresa estatal contribuya al financiamiento de los gastos sociales. La magnitud del Aporte por el Rendimiento de la Inversión Estatal y los dividendos declarados en las sociedades mercantiles de capital ciento por ciento cubano, se incrementa como mínimo al sesenta por ciento del valor de la utilidad después de Impuesto; excepto en los sectores de trasmisión de energía eléctrica, agropecuario, producción industrial de alimentos, comercio minorista de bienes, servicio de transporte, abasto de agua y saneamiento, y suministro de gas licuado y manufacturado. Las actividades con precios centralizados y que presenten una rentabilidad sobre ventas netas inferior al cincuenta por ciento, mantienen el Aporte por el Rendimiento de la Inversión Estatal como mínimo del cincuenta por ciento. Las entidades económicas que inviertan, un veinticinco por ciento de sus utilidades retenidas para crear reservas voluntarias en la compra de Deuda Pública, mantienen el Aporte por el Rendimiento de la Inversión Estatal como mínimo del cincuenta por ciento. Los accionistas de sociedades mercantiles de capital ciento por ciento cubano y las empresas estatales accionistas de sociedades mercantiles de capital ciento por ciento cubano y de empresas mixtas, aportan al Presupuesto del Estado, el sesenta por ciento de los dividendos ganados. Se faculta a las Juntas de Gobierno para autorizar la creación de reservas voluntarias que generan extracción de liquidez de forma inmediata en las entidades empresariales. La nueva norma jurídica, deroga las resoluciones 124 y 393, del 5 de mayo y 27 de septiembre del 2021, respectivamente, ambas emitidas por este Ministerio. A la publicación en Gaceta Oficial de la Resolución 201, antecedió un proceso de capacitación al sistema empresarial para garantizar efectividad en su adecuada implementación. MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECIOS.  

Además de los recargos y las multas dispuestos para contribuyentes que incumplen con el pago de sus tributos y deberes formales, la ONAT está facultada para aplicar sanciones no pecuniarias (que no se pagan en dinero) para garantizar el cobro de los adeudos fiscales. Según lo establecido en la Ley No. 113 del Sistema Tributario, las sanciones no pecuniarias pueden ser el embargo de cuentas bancarias (artículos 417 y 418 de la ley), el cierre de establecimientos, el retiro de incentivos fiscales (artículo 440) y también la regulación o prohibición de salida del país. Justamente a esta última nos referiremos hoy. ¿Qué artículos de la Ley tributaria y el Decreto 308 amparan que se regule a un contribuyente? El artículo No.94 de la Decreto 308 dispone explícitamente la facultad  que tiene la ONAT para solicitar que se regule a un contribuyente: "La Administración Tributaria puede solicitar a los órganos y organismos competentes que se impida la salida del país de toda persona sobre la que se verifiquen obligaciones tributarias no cumplidas dentro del término establecido a tales efectos". La regulación o prohibición de salida al extranjero que se impone a los contribuyentes deudores, hasta tanto no liquiden sus adeudos con el Presupuesto del Estado, está prevista en el convenio de trabajo firmado por la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE) del Ministerio del Interior (MININT). Dicho convenio está amparado, a su vez, por los artículos: 389 de la Ley No.113 del Sistema Tributario y 11 del Decreto 308 Reglamento de las Normas Generales y de los Procedimientos Tributarios; en los cuales se dispone que: La administración tributaria establece relaciones de auxilio administrativo, colaboración y coordinaciones entre las oficinas de la propia ONAT y con los órganos y organismos de la Administración Central del Estado, sus entidades subordinadas o adscritas, sus administraciones locales, instituciones y las dependencias que estos designen para la recaudación, gestión y fiscalización de los ingresos en el territorio a fin de cumplir las funciones fiscales que correspondan. Yudith Navarro Ricardo, jefa del Departamento de Cobranza de Dirección de Recaudación de la ONAT explica que la oficina y la DIIE, dando cumplimiento al convenio de trabajo conjunto firmado en 2022, ha decidido regular a los contribuyentes personas naturales que tengan deudas significativas. El monto de la deuda que condiciona la regulación, según la funcionaria, puede variar en dependencia de los análisis y acuerdos que a tales efectos se concreten entre la ONAT y la DIIE.  La medida consiste en la prohibición de salida al extranjero a los deudores que pretenden viajar y el aviso de entrada a los que se encuentran fuera del país, porque viajaron antes de que les fuera determinada la deuda y notificada la regulación. Navarro Ricardo revela, además, que desde que comenzó a aplicarse esta medida hasta hoy se han regulado alrededor de 600 contribuyentes. ¿Cómo evitar ser un contribuyente regulado? Para no ser regulado, el contribuyente solo debe cumplir cabalmente con sus responsabilidades fiscales: es decir, pagar en tiempo y en la cuantía correcta los impuestos, tasas, contribuciones y otros aportes que por ley se le exijan. Para favorecer que así sea, la ONAT ha habilitado numerosos servicios y facilidades por diferentes vías, tanto las tradicionales (telefónica y presencial), como las apoyadas en las tecnologías de la informática y las comunicaciones. El Portal Tributario es prueba de ello con todas sus secciones de contenido y los servicios en línea que ofrece como la descarga del vector fiscal (donde aparecen todas las obligaciones, sus fechas de pago y los códigos para realizar el aporte por vía electrónica, entre otras informaciones); la posibilidad de conocer los pagos realizados, formular y recibir respuesta por correo electrónico a consultas realizadas mediante la plataforma. Trámites estos que antes se hacían de forma presencial en las oficinas y hoy se gestionan en  nuestra Web desde la comodidad del móvil o la computadora personal, en cualquier momento y lugar. Nuestro sitio institucional también permite acceder a:  las herramientas informáticas que facilitan el llenado de las declaraciones juradas (DJ) y calculan los tributos, entre otros documentos útiles; noticias sobre diferentes temáticas tributarias, la legislación, alertas sobre los términos de pago. Incluso las DJ del Impuesto sobre Ingresos Personales pueden ser presentadas a través del portal por los contribuyentes con firma o certificado digital, que puede obtenerse precisamente en nuestras oficinas. Además del portal está, como anunciamos antes, la novedosa alternativa de aportar los tributos por los canales electrónicos de pago, bonificada con un descuento del 3% del importe a pagar para las personas naturales. Hoy más de la mitad de los contribuyentes tributan por esta vía. El pago digital no requiere que quien lo realiza tenga que ajustarse al horario de ninguna oficina bancaria, sino que puede hacerse a cualquier hora; de modo que el día que vence el plazo, aún en el último momento, si se produce el pago en línea este entra al Presupuesto del Estado se registra y el contribuyente no incurre en mora. Los canales digitales de pago reducen además el margen de error y al hacerse desde el móvil o computadora ahorran recursos y tiempo a quienes los utilizan y además transparentan las operaciones financieras. Su empleo evidencia las ventajas de la bancarización de la economía. Y bueno, la presencia de la oficina en las redes sociales, con un canal en Telegram en cuyo grupo se reciben y dan respuestas a las dudas en el día, la presencia de la ONAT en los medios de difusión masiva en programas de gran teleaudiencia y especializados como “Tributos al Día”, que trata temas de gran interés y puede visualizarse y obtenerse en el canal ONAT en Picta. A lo anterior se adicionan las cuentas institucionales en Facebook y Twitter que constantemente están publicando información de trascendencia tributaria. Pero, tal y como trabaja en la facilitación del pago de los tributos y el cumplimiento de los deberes formales dispuestos, la oficina tiene que llevar a cabo sus funciones de fiscalizar y accionar sobre los incumplidores en aras de enfrentar las conductas evasoras; ya sea con multas y recargos o con sanciones no pecuniarias,  porque el objetivo principal de toda su labor consiste en captar los ingresos que deben llegar al Presupuesto del Estado con el fin de que este cuente con los recursos necesarios para financiar los gastos y programas sociales. ¿Qué sucede con quienes continúan sin pagar a pesar de las acciones administrativas ejecutadas por la ONAT para cobrar la deuda? Si luego de todas las acciones administrativas llevadas a cabo por la ONAT el deudor no paga, la Oficina puede acusarlo del delito de evasión fiscal ante el tribunal. Este delito puede ser sancionado con multas y penas de privación de libertad, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 319 del Código Penal cubano, Ley 151 de 2022, acerca de la Evasión Fiscal: TÍTULO X: DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO NACIONAL. Capítulo II, DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA, SECCIÓN PRIMERA. (Legislación publicada en la Gaceta Ordinaria.93 de 2022). La ONAT insta a todos los contribuyentes a cumplir de forma cabal con el pago de sus tributos y demás responsabilidades fiscales, no solo porque pueden ser regulados, multados u objeto de otras sanciones sino, principalmente, porque constituye un deber cívico ya que sus aportes ayudan financiar la vida de sus territorios y del país. Le pudiera interesar: (Dé clic en los enlaces para acceder a los contenidos) Deberes y Derechos Generales de los Contribuyentes Guía para Consultar la Ley 113 y el Decreto 308. El Catálogo de Servicios Digitales de la ONAT. Sobre las infracciones tributarias y el delito de evasión fiscal También aplican embargo preventivo a personas naturales que recibieron pagos de entidades y no aportaron lo debido. Embargo preventivo para entidades que no efectuaron pago parcial de Impuesto sobre Utilidades e ingresos no tributarios Obtenga en Picta los programas Tributos al Día sobre llenado de la DJ-08, DJ de Utilidades, registro en el portal y más.  

La Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT, participó hoy en el  foro virtual internacional sobre del Programa Cumplimiento Cooperativo (PCC). El PCC, según se explica en el sitio Web del SRI (https://www.sri.gob.ec/foro-cumplimiento-cooperativo#invitaci%C3%B3n ) es un instrumento para canalizar la relación de las administraciones tributarias (AT) con las grandes empresas de bajo riesgo fiscal que deseen adherirse al programa. Las AT, afirma la página del SRI, “ofrecen un acompañamiento técnico de alta calidad para la seguridad jurídica que demandan los inversores internacionales; y los contribuyentes, por su parte, garantizan a la administración que cumplirán voluntariamente sus obligaciones fiscales y pagarán el importe correcto al vencimiento del periodo impositivo.” El programa se basa en la confianza mutua entre los contribuyentes y la AT, lo que requiere normalmente una verificación del marco de control fiscal del contribuyente para generar una “confianza justificada”. Este concepto, asegura el sitio en cuestión, surgió en los Países Bajos en la década del 2000 y se desarrolló en varios países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) Además, agrega que “no existen planes de cumplimiento cooperativos plenamente implementados en América Latina y el Caribe, salvo en Brasil, que desarrolla el Programa Confía"; aunque sí fue recopilado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) un listado de servicios “que estarían naturalmente integrados en este tipo de programas" y México tiene dentro de su legislación los mecanismos cooperativos en el ámbito fiscal. Atendiendo a esto, el BID fomenta el uso del PCC por las administraciones tributarias, con el fin de mejorar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, reducir costes de dicho cumplimiento y promover la inversión extranjera directa en la región.    Los objetivos del Servicio de Rentas Internas con el foro del Programa de Cumplimiento Cooperativo, son: Analizar y discutir los desafíos y oportunidades en la implementación de PCC en la región y, en particular, en el Régimen Tributario de Ecuador. Presentar los principales aspectos de los PCC y compartir experiencias de implementación de diferentes países. Introducir el PCC del Servicio de Rentas Internas con el apoyo del BID. Presentar los principales aspectos el Manual y la Guía del PCC por parte del BID. Establecer una red de contactos y colaboración entre los participantes para el fortalecimiento del PCC en el país. Fortalecer la cultura de cumplimiento tributario y promover la colaboración entre los grandes contribuyentes y la administración tributaria. De acuerdo con la agenda del foro en línea que se desarrolló desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde de este 26 de septiembre, se presentaron ponencias y presentaciones sobre: Los elementos estructurales del Cumplimiento Cooperativo, su marco jurídico, ámbito de aplicación, criterios de acceso al programa y transparencia de la AT. Experiencias comparadas de las administraciones tributarias de Chile, Panamá, Perú, Costa Rica, Brasil y España. Construir un marco de Control Fiscal robusto considerando los roles, responsabilidades, costos y beneficios y procedimientos; la verificación del Modelo de Riesgo, Carta de Servicios y la revisión del Marco de Control Fiscal. Además del Cumplimiento Cooperativo y sus fundamentos legales en Ecuador, así como la práctica regulatoria. Cumplimiento Cooperativo y Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ¿Qué necesitan los grandes contribuyentes? Hacia un programa regional de Control Cooperativo en América Latina y el Caribe (ALC) Según la Web del SRI, esta institución implementó su programa cooperativo de cumplimiento fiscal, dirigiéndolo inicialmente a los grandes contribuyentes, en apego a las mejores prácticas internacionales, con objetivo es fortalecer la relación entre estos y la AT, el control tributario, aumentar los ingresos por recaudación y garantizar un adecuado cumplimiento fiscal. Los grandes contribuyentes son aquellos que tienen un gran volumen de operaciones, ingresos, patrimonio, importancia en el recaudo y actividad económica. El PCC promoverá con ellos un nuevo esquema de relación a través de una comunicación directa, para verificar el cumplimiento de los impuestos de forma correcta y oportuna. Dicho esquema, afirma el SRI, “es una iniciativa que surge del fortalecimiento del vínculo entre la Administración Tributaria y el contribuyente, a través de la adhesión a un Acuerdo de Buenas Prácticas Tributarias, que busca alcanzar mejoras significativas en el nivel de transparencia mutua y, consecuentemente, en el nivel de cumplimiento voluntario.” Y su propósito es “reducir los costos de administración y, en lo posible, prevenir controversias en la relación jurídico tributaria.” Igualmente será impulsado por el Programa de Cumplimiento Cooperativo un modelo Modelo Cooperativo de Control Fiscal “que prevé la implementación en tiempo de un Programa de Monitoreo en tiempo real, que permita establecer cuáles contribuyentes requieren mayor o menor seguimiento,  en función de una evaluación de riesgos tributarios que posibilite corregir los incumplimientos, incrementar la recaudación y minimizar que el contribuyente incurra en mayores costos de incumplimiento, derivados de intereses, multas, controles y litigios tributarios; impulsando de esta manera un control más efectivo.” También contempla la aplicación de un Régimen de Buenas Prácticas a aquellos contribuyentes adheridos al Acuerdo de Buenas Prácticas Tributarias que tengan un adecuado comportamiento fiscal, los cuales serán beneficiarios de un marco de simplificación y optimización de procesos para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. El cumplimiento cooperativo es un tema novedoso para las administraciones tributarias modernas que son referentes para el trabajo de la ONAT y marca una meta a alcanzar para encauzar y perfeccionar la relación con los contribuyentes dentro de la Isla, en función del cumplimiento voluntario y de perfeccionar la propia gestión institucional.

El próximo 30 de septiembre termina el plazo legal establecido para aportar el Impuesto sobre el Transporte Terrestre, también conocido como pago de la chapa. Como siempre que se acerca la fecha límite de pago, la ONAT reitera a los propietarios o poseedores de vehículos de motor o tracción animal destinados al transporte terrestre, importantes informaciones y recomendaciones que deben tener en cuenta para cumplir correcta y puntualmente con el pago del tributo. Aquí les van: Están obligados al pago de la chapa las personas naturales y jurídicas cubanas y extranjeras, propietarias o poseedoras de vehículos de motor o tracción animal destinados al transporte terrestre en el territorio nacional. Si utilizan los canales electrónicos de pago Transfermóvil, Telebanca, Banca Remota para realizar el aporte del tributo, se les descuenta un 3% del importe a pagar. Quienes no sepan utilizar Transfermóvil pueden consultar, el tutorial que explica paso a paso cómo pagar la chapa mediante esta popular APK. (Dé clic sobre el enlace azul para acceder al documento PDF)   Para efectuar el pago por Transfermóvil puede usarse la opción Vector Fiscal RC-04 A o la del carnet de identidad (ver tutorial).   La opción del RC0-04A es la recomendada por la oficina, porque aparece en su vector fiscal, gracias a que el contribuyente registró su vehículo en la ONAT. Quienes paguen por esta alternativa, cuando la APK le pida el código de cinco dígitos colocan el siguiente: 20173, que indica el mes y párrafo que se va a pagar. También puede utilizarse la alternativa del NIT o carnet de identidad (en el tutorial se explican todos los detalles). No obstante, la ONAT advierte que quienes no hayan registrado su vehículo deben hacerlo, pues este requisito constituye un deber formal legalmente dispuesto, cuyo incumplimiento está sujeto a sanción.   El párrafo o código del Impuesto sobre el Transporte Terrestre es el 0710622 y se exige especificarlo tanto en la liquidación por canales digitales como en las sucursales bancarias, en las cuales se realiza presentando el RC-04 A vector fiscal de persona natural, ya sea en formato impreso o digital (el guardado en el móvil) o mostrando el comprobante de pago del año anterior. En el banco también puede pagarse utilizando el modelo CR-09 de ingresos al presupuesto, que es posible obtener en la sección Descargas del portal o aquí, pulsando sobre su nombre. Los tipos impositivos o cuantías a pagar por el Impuesto sobre el Transporte Terrestre, se establecen en el Anexo No. 2 el Decreto Ley No. 21 de 2020, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 68 de ese año, que modifica las cantidades dispuestas en la Ley No.113 del Sistema Tributario.  Los montos a pagar por este impuesto dependen del grupo al cual pertenezcan los contribuyentes de acuerdo con lo dispuesto en el citado Decreto Ley 21, El Grupo I, comprende a las personas naturales residentes permanentes en el territorio nacional, las entidades estatales y sociedades mercantiles de capital ciento por ciento cubano, los sujetos que operan en el país al amparo de la Ley 118 De la Inversión Extranjera, los usuarios y concesionarios de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, así como las organizaciones y asociaciones. En el Grupo II se incluyen las personas naturales no residentes permanentes en Cuba, las sucursales, agentes y oficinas de representación de personas jurídicas extranjeras radicadas en el territorio nacional Ejemplo: Un ciudadano cubano residente permanente en el territorio nacional, perteneciente al Grupo I, propietario de un auto de uno a cinco asientos, paga 52.00 pesos CUP. En cambio, una persona no residente en el país, con un auto de igual número de asientos, debe aportar 1300 CUP. Los contribuyentes que hayan dejado de aportar en años anteriores deben comunicarse con la ONAT de su municipio para que se les determine la deuda a liquidar que está compuesta por: la cantidad a pagar por el tipo de vehículo, el recargo por mora y la multa fiscal.  Quienes no han cumplido con la obligación deben hacerlo con la mayor prontitud posible, no deben dejarlo para el último día, pues cualquier contratiempo puede hacerlos pagar fuera del período legalmente establecido, lo cual constituye una infracción tributaria sujeta a sanción. La ONAT recomienda para el año próximo que los contribuyentes realicen el pago antes del 28 de febrero pues así se acogen la bonificación por pronto pago, un beneficio fiscal que les permite descontarse el 20% del importe a liquidar. Para las empresas y entidades que poseen un gran parque automovilístico, acogerse a esta bonificación representa un importante ahorro de dinero que podrían destinar a aumentar su rentabilidad y eficiencia. Las personas naturales que adquieran o vendan vehículos deben actualizar su situación en el Registro de Contribuyentes de la ONAT del municipio donde están inscritos: los adquirientes deberán inscribir los vehículos para que se le fije la obligación de tributar por dichos vehículos y los vendedores, para que se les elimine. Si cree que existe alguna otra cuestión sobre este impuesto y necesite conocer, por favor, déjela en los comentarios o háganosla saber por la sección Contáctenos, el servicio Consultas -también del portal. También puede comunicarse con la oficina mediante nuestro grupo Dudas y Comentarios en Telegram o por el correo de consultas. Todas las direcciones electrónicas, físicas y teléfonos de las oficinas tributarias del país pueden conocerse en la sección Contactos. Le recomendamos revisar siguientes contenidos: Impuesto sobre el Transporte Terrestre o “pago de la chapa”: las 9 respuestas necesarias para aportarlo bien. también publicado en el portal, donde se exponen las cuantías a pagar por cada tipo de vehículos y otras cuestiones útiles sobre este tributo. Las 12 cosas que necesita saber para pagar la chapa a tiempo ¿Qué es el Recargo por Mora y cómo se calcula y aplica?  

El Portal Tributario sufrió un ciberataque el pasado 10 de agosto, según constató e informó en su momento a las instancias pertinentes su Equipo de Administración y Desarrollo. Esta es la razón por la cual se ha mantenido inestable el acceso a la Web e intermitente el funcionamiento de los servicios en línea habilitados para los contribuyentes registrados en ella, como la descarga del Vector Fiscal, de la constancia de pagos realizados y la formulación de consultas. El ataque fue neutralizado en pocos días y la Oficina de Administración Tributaria (ONAT) informó del hecho en su canal OnatdeCuba en Telegram, pero aún no se ha logrado estabilizar el servidor de la Empresa de Aplicaciones Informáticas, DESOFT, donde se encuentra alojado el portal. La administración tributaria asegura a los usuarios que pueden tener la certeza de que ambas instituciones trabajan arduamente en dar solución, en el menor tiempo posible,  a las dificultades de acceso y uso de los servicios de la plataforma. Para esclarecer cualquier duda sobre temas tributarios o solicitar ayuda, les recomienda utilizar la sección Contáctenos o comunicarse por los teléfonos y correos de las oficinas que se encuentran el apartado Contactos  https://www.onat.gob.cu/home/contactos del sitio que actualmente está funcionando. Ambas secciones están disponibles para cualquier internauta que lo visite. También pide a todos los usuarios del portal y a los seguidores y suscriptores de las redes sociales institucionales que disculpen las molestias que esta situación haya podido ocasionarles. Y finalmente los convida a que insistan en utilizar el Portal Tributario, porque en él se encuentra toda la información, documentos y programas de ayuda que les permiten cumplir correcta y puntualmente con sus responsabilidades fiscales, así como servicios que posibilitan la realización de trámites en línea, desde la comodidad del teléfono o la computadora personal, en cualquier momento y lugar.  

Todos los trabajadores por cuenta propia (TCP) y socios de las cooperativas no agropecuarias (CNA), que pagaban su Contribución Especial a la Seguridad Social (CESS) por los regímenes anteriores al establecido por el Decreto Ley (DL) 48 de 2021, tendrán que cambiar la base de cálculo de este tributo por una de las dispuestas en la citada norma que entra en vigor para ellos en septiembre próximo. En una nota informativa (dé clic en el enlace para visualizarla) publicada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se explica que los TCP y socios de CNA que tienen una base de contribución inferior a 2000 pesos (la de 262.50 o cualquier otra menor), deberán cambiarla entre los meses de octubre a diciembre de 2023 por alguna de las que dispone el DL 48, publicado en la Gaceta Ordinaria No.94 de 2021, que van desde un mínimo de $ 2000 hasta un máximo de $ 9500. La Contribución Especial a la Seguridad Social (CESS) que aportarán estos contribuyentes será el 20% de la base nueva del DL 48 que escojan. Para facilitar el proceso de modificación,  el MTSS ha puesto a disposición de los citados contribuyentes el enlace  https://www.mtss.gob.cu/descarga/planilla-para-modificar-base-de-calculo-en-regimenes-especiales  donde pueden descargar la planilla de solicitud  y, también, la dirección de correo electrónico  mailto:modificarbc@inass.gob.cu  por la cual les será posible enviar dicho documento, de modo que no tengan que  acudir a las oficinas de trámites y empleo, a las direcciones de seguridad social radicadas en la direcciones municipales de trabajo o a las oficinas de la ONAT para cumplir con este requisito. También en la sección Descargas del Portal Tributario colocamos la planilla. Para obtenerla de clíc aquí De no realizar la solicitud de modificación en el plazo previsto, afirma la nota del MTSS, se procederá a realizar de oficio el ajuste de la base de contribución al nivel mínimo de la escala, en una cuantía de 2000 pesos”. Para los contribuyentes que se encuentran en este caso específico, el monto a pagar como CESS de forma trimestral que aparecerá en su vector fiscal será de $ 1200; cifra Resultante de multiplicar por tres los $ 400 correspondientes a cada mes, que son el 20% de la citada base mínima de $ 2000. Los socios de CNA aprobadas a partir del mes de agosto del 2021 por el Ministerio de Economía y Planificación (MEP), no tienen que realizar este proceso, pues a ellos se les está aplicando lo dispuesto en el DL 48 desde que recibieron la autorización para ejercer sus proyectos. Lo mismo sucede con los TCP de nueva inscripción. Es decir, a partir del último trimestre de 2023 todos los TCP y socios de CNA tendrán como base de cálculo de la CESS las establecidas por la mencionada legislación. Y es que el decreto ley dispone en su artículo 9.2 que “el afiliado puede modificar la base de contribución seleccionada, dentro del último trimestre del año natural, y comienza a contribuir por la nueva base, en el mes de enero del año siguiente”.  O sea, incluso quien ya esté acogido a la nueva base y desee modificarla nuevamente, puede hacerlo según lo antes dispuesto.  

TOMADO DEL SITIO WEB DEL MFP Vladimir Regueiro Ale, Ministro de  Finanzas y Precios. Co. General de Ejército Rául Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. Co. General de Ejército Rául Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. Co. Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República de Cuba. Co. Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba. Estimadas diputadas y diputados: Invitadas e invitados: Presentamos ante esta Asamblea el Informe de Liquidación del Presupuesto del Estado correspondiente al año 2022, aprobado mediante la Ley 144, para que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 108, inciso k) de la Constitución de la República, evalúe y apruebe la gestión de los recursos públicos en función de los programas sociales y de la economía, como ejercicio de control en representación del pueblo. El desempeño presupuestario del año 2022 estuvo marcado por las tensiones financieras derivadas del limitado crecimiento de la economía en 1.8 por ciento a precios constantes, alcanzado en un escenario de crisis económica global, caracterizada por el crecimiento de los precios internacionales, y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto por el gobierno de los Estado Unidos de América. En estas complejas condiciones, para una mejor administración y control de los recursos fue aprobado el Decreto Ley 61, que actualizó las facultades del Ministerio de Finanzas y Precios para la redistribución de los recursos financieros, lo que permitió cubrir los déficits de financiamiento y demandas adicionales, requeridas en el transcurso del año, fundamentalmente de sectores sociales. La liquidación del Presupuesto del Estado que se presenta, tiene como base la información expuesta en los estados financieros de la nación, en correspondencia con la Contabilidad Gubernamental del sector Gobierno. Como es habitual, se entregó previamente a los diputados, la información detallada sobre la ejecución presupuestaria, que contiene el desglose de las recaudaciones de ingresos; así como de las partidas de gastos asignadas a los sectores de la economía y programas sociales, lo que me posibilita concentrar la presentación en los principales resultados. Diputadas y diputados: Los flujos de ingresos al Presupuesto del Estado alcanzaron los 245 mil 20 millones de pesos, que representa el 101 por ciento de cumplimiento del plan actualizado para el año. Con estos recursos fue financiado el 78 por ciento de los gastos totales, indicador que expresa una discreta recuperación en relación con el año anterior, a la vez que demuestra la insuficiencia de las recaudaciones y la necesidad de potenciar los ingresos presupuestarios, esencialmente con el crecimiento de la actividad económica y el perfeccionamiento del sistema de control fiscal, para reducir gradualmente la condición deficitaria del Presupuesto. Los ingresos tributarios, derivados de la aplicación de los impuestos, tasas y contribuciones, representan el 48 por ciento de la recaudación total, lo que indica un crecimiento de su participación en la estructura general de ingresos. En este ejercicio fiscal destaca el aumento de los aportes asociados a los resultados empresariales: impuesto sobre utilidades y rendimiento de la inversión estatal, tanto en valor absoluto, como en su participación de los ingresos totales, alcanzado de conjunto el 30 por ciento, lo que demuestra la prevalencia del sistema empresarial estatal como principal fuente de recursos presupuestarios. Asimismo, se obtienen ingresos superiores a los planificados en las recaudaciones arancelarias y otros impuestos y derechos con destino fundamentalmente a los presupuestos locales. Aun cuando se registra un sobrecumplimiento de los ingresos planificados, no se alcanzan las cifras previstas en los impuestos sobre las ventas, sobre los ingresos personales, por la utilización de la fuerza de trabajo, determinados por el comportamiento de la circulación mercantil minorista, así como por el incumplimiento e indisciplinas tributarias de morosidad en el pago y la subdeclaración de los ingresos obtenidos y del personal contratado, con marcada incidencia en el sector no estatal, sobre los que no se ha articulado con la efectividad requerida el sistema de control fiscal. Respecto a la gestión tributaria se ampliaron los servicios y facilidades a los contribuyentes, con el empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que ha permitido orientar el pago de los tributos por las personas naturales en más de un 43 por ciento, a través de los canales electrónicos; se amplía el uso de la firma digital y se potencia el Portal Tributario como plataforma activa de asistencia a los contribuyentes, dentro de la trasformación digital de la gestión de gobierno, en el ámbito de la Administración Tributaria. Sin embargo, aun cuando se incrementaron en número las acciones de control y comprobación de las obligaciones fiscales por la Oficina Nacional de Administración Tributaria, el alcance y efecto fiscalizador no logra revertir las brechas de incumplimiento, lo que demanda reformular y reestructurar los planes de control tributario, potenciando la selección de contribuyentes a fiscalizar, el cruce de información de trascendencia tributaria con el sistema bancario, la Aduana General de la República, las entidades comercializadoras mayoristas, y el procesamiento de los expedientes de denuncias por delitos de evasión fiscal, para contener y minorar las indisciplinas y violaciones en el pago de los tributos, que quebrantan el deber constitucionalmente reconocido de contribuir al sostenimiento de los gastos en nuestra sociedad. Especial atención requiere la gestión de la deuda tributaria, que al cierre del año registró un importe de aproximadamente mil 600 millones de pesos y constituye una reserva de ingresos, para cuya recuperación debemos actuar con rigor y determinación. GASTOS En el período que se liquida los gastos presupuestarios ascendieron a 315 mil 260 millones de pesos, el 99 por ciento de lo aprobado. El gasto social ascendió a 233 mil 424 millones de pesos, que representan el 74 por ciento de los gastos totales, como expresión de la prioridad en la atención al sostenimiento de los programas sociales que aseguran los servicios básicos. Esta actividad creció en 5 mil millones de pesos, no obstante, existen demandas insatisfechas por limitaciones de la economía, y deficiencias en la gestión de los recursos asignados, que en ocasiones comprometen la calidad de los servicios prestados a la población. Hacia los sectores de Asistencia y Seguridad Social, Salud Pública y Educación se encausó el 63 por ciento del gasto corriente de la esfera social. El sector de la Salud ocupó el 26 por ciento de los gastos de la Actividad Presupuestada, con una ejecución de 60 mil 251 millones de pesos, que incluye 2 mil 58 millones de pesos de gastos para enfrentar la Covid-19 y para la continuidad del programa de vacunación. A pesar de las limitaciones, se prestaron 99 millones de consultas médicas en la atención primaria, 2 millones más con respecto a lo planificado para el año. A la actividad de Educación, en todos los niveles y modalidades de enseñanza, se destinaron 53 mil 468 millones de pesos, el 23 por ciento del total del gasto social. Para el desarrollo del curso escolar de la educación prescolar, primaria, secundaria y media, con una matrícula de Un millón 662 mil alumnos, se garantizó el funcionamiento de 10 mil 700 instalaciones educacionales; mientras que en la Educación Superior brindaron servicios 50 instituciones, con una matrícula de 285 mil 696 estudiantes en 111 carreras universitarias y 58 programas de ciclo corto. La Cultura demandó 7 mil 585 millones de pesos, que permitió 9 millones de ofertas culturales en 2 mil 257 instalaciones de la Cultura, para el desarrollo de programas y jornadas conmemorativas, ferias y eventos, y la transmisión de 624 mil 347 horas de radio y televisión. En el Deporte se ejecutaron 4 mil 281 millones de pesos, el 99 por ciento del plan del año, dando prioridad a la participación y organización de los eventos deportivos internacionales, nacionales y de los territorios. Para el programa de la Asistencia Social mediante el cual se protege a personas con insuficiencia económica y en situación de vulnerabilidad se destinaron 6 mil 124 millones de pesos. El programa incluyó la protección a 3 mil 769 madres de hijos con discapacidad severa, así como 13 mil 931 beneficiarios de la asistencia social a domicilio, atendidos por 11 mil 875 personas contratadas como asistentes sociales. Compañeras y compañeros: A través del Presupuesto de la Seguridad Social se garantizaron las pensiones y jubilaciones a 1 millón 703 mil 614 beneficiados, 75 mil 758 más que el año anterior. Este programa, que protege con sentido de justicia social y compromiso intergeneracional a trabajadores activos y a quienes han concluido su vida laboral, requirió 39 mil 968 millones de pesos, que representan el 17 por ciento de la actividad social. Los ingresos por contribución a la Seguridad Social, fuente natural de financiación de este presupuesto, solo cubre el 66 por ciento del mismo, indicador que se deteriora en relación con el año anterior, lo que precisa un análisis propositivo en función de potenciar las bases de cálculo de estos tributos, como parte de la proyectada actualización del sistema tributario. En medio de las limitaciones económicas del país, se incrementó el Presupuesto del Estado a la actividad de Ciencia, Tecnología e Innovación; un total de mil 175 millones de pesos, en lo que destacan: 250 millones de pesos desde el Fondo de Ciencia que respaldó 75 proyectos de prioridades nacionales y sectoriales; 189 millones de pesos en financiamiento de inversiones en centros científicos. De igual modo, otros recursos del Presupuesto financiaron proyectos del Programa de Medio Ambiente, por importe de 644 millones de pesos, que abarca el uso del Fondo constituido a estos efectos y gastos en conservación de la flora y la fauna y del desarrollo genético. Presupuestos locales En los presupuestos locales, donde se materializa una parte importante de los servicios básicos a la población, así como los programas de desarrollo integral de municipios y provincias, se registró un déficit de 45 mil 281 millones de pesos, inferior a lo planificado como resultado del sobrecumplimiento de los ingresos y de la inejecución de los gastos en la actividad empresarial y de las inversiones. En la ejecución de estos presupuestos se expresan sobregiros de gastos en determinados territorios, que constituyen indisciplinas financieras e incumplimiento de la Ley del Presupuesto del Estado, asociadas a la falta de evaluación sistemática del desempeño presupuestario y de exigencia de la aplicación de las medidas diseñadas para el control del gasto. Desde los presupuestos municipales fue respaldada la transformación, atención y solución a problemáticas sociales y materiales de Mil 119 barrios y comunidades con situaciones de vulnerabilidad, en correspondencia con las prioridades definidas desde la aprobación de los respectivos presupuestos por las asambleas municipales. Para el subsidio a personas naturales para la reparación y construcción de viviendas se destinaron 859 millones de pesos, que beneficiaron a 10 mil 447 personas. Asimismo, se dio continuidad a la entrega de recursos financieros a madres con 3 o más hijos menores de 17 años, para compras de viviendas y acciones constructivas como soluciones habitacionales, beneficiando a 338 madres. Estos programas estuvieron afectados por las limitaciones de recursos materiales. Para programas de Desarrollo Local fueron destinados 2 mil 123 millones de pesos, captados por concepto de la Contribución Territorial. Prevalece el empleo de estos recursos en acciones de reparación y mantenimiento, desatendiendo las decisiones estratégicas de orientarlos en función de proyectos productivos y de servicios, que dinamicen el desarrollo del territorio con base en recursos endógenos. Con excepción de Villa Clara, Las Tunas y Holguín, todas las provincias mejoran el resultado planificado; sin embargo, solo La Habana expone un balance superavitario. Los altos déficit en los presupuestos locales, requieren el diseño de programas específicos de medidas que conduzcan a recortar y superar la brecha fiscal, de insuficiencia de recursos propios para respaldar sus necesidades de gastos y con ello, alcanzar su autonomía financiera. En este empeño deben implicarse los esfuerzos de las autoridades locales con la participación de todos los actores económicos, los centros universitarios e investigadores. Este propósito nos debe conducir a trasformar la proyección inmediata del presupuesto hacia una dimensión plurianual, que acompañe la visión del desarrollo estratégico de cada municipio y contribuya a su actualización. Las transferencias del Presupuesto del Estado para la actividad empresarial ascendieron 50 mil 425 millones de pesos, que significan el 16 por ciento de los gastos totales. Destaca en la asignación de estos recursos que el 66 por ciento, por un importe de 33 mil 165 millones de pesos, se destina a subsidios aprobados a los precios minoristas de bienes y servicios de alta sensibilidad para la población; entre ellos, el subsidio a la tarifa eléctrica para el sector residencial y agropecuario; el subsidio a productos alimenticios para niños y dietas médicas a embarazadas y pacientes de enfermedades crónicas; los subsidios a medicamentos, entre otros. Adicionalmente se transfirieron al sector empresarial 8 mil 500 millones de pesos, que incluyen la atención a resultados desfavorables, provocados por decisiones sobre encargos estatales, como la compensación de precios de importación en productos con precios centralizados que inciden en la canasta de alimentación normada; la subvención a la agroindustria por la diferencia del precio de venta de la leche a la población y el de compra a los productores. Estos financiamientos, necesarios para la continuidad de la actividad productiva, demandan una revisión transformadora en sus conceptos y dimensiones, toda vez que inciden en el resultado presupuestario deficitario, y específicamente en la condición deficitaria de la cuenta corriente, lo que constituye una distorsión estructural del Presupuesto, que compromete la sostenibilidad del endeudamiento público. En este sentido, resulta imperioso concluir los trabajos técnicos y presentar a aprobación las propuestas concretas para la transformación gradual de los subsidios generales a productos y servicios, en protecciones específicas a personas que así lo requieran. Para el financiamiento de inversiones y otros gastos de capital se ejecutaron 31 mil 411 millones de pesos, el 97 por ciento del presupuesto aprobado. Estos recursos se destinaron fundamentalmente, en un 69 por ciento, a financiar las inversiones de infraestructura en sectores estratégicos, como los programas de inversión de viviendas, de desarrollo hidráulico y hotelero, para la trasformación energética y de mejoramiento de las infraestructuras eléctrica y vial. Asimismo, se asignaron recursos por concepto de capital de trabajo por 4 mil 10 millones de pesos, con el objetivo de respaldar los tratamientos financieros aprobados para potenciar la actividad agrícola y para rescatar la industria azucarera, que incluye los trabajos de fomento de la caña, el mantenimiento de centrales paralizados, y el pago de deudas vencidas a productores del sector; y se transfirieron recursos para la continuidad de los servicios bancarios orientados al fomento agrícola. El Presupuesto del Estado aseguró la amortización de créditos bancarios por importe de 2 mil 788 millones de pesos, obtenidos en años anteriores, para obras y equipos de infraestructura del sistema empresarial, en sectores del transporte, el turismo, electroenergético y en la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Se asignaron además, recursos para la recuperación de los daños provocados por los siniestros del Hotel Saratoga y el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas. Asimismo, fueron respaldados los gastos para atender las afectaciones generadas por el huracán Ian en las provincias Pinar del Río, Artemisa, La Habana y Mayabeque, incluida la bonificación del 50 por ciento del precio de materiales de la construcción, para apoyar a los damnificados en la reparación y construcción de su vivienda, así como subsidios a las familias sin capacidad de pago. Estas acciones demandaron de conjunto, Mil 29 millones de pesos, que confirman que aún en las peores circunstancias, nuestro sistema social prioriza En el Sistema de Tesorería, donde se realizan los flujos de recursos financieros, quedaron comprometidos por encima de la capacidad de pago del sector presupuestado, 4 mil 237 millones de pesos, lo que constituye una deficiencia reiterada de ejercicios fiscales anteriores, que compromete la Esta situación se concentra en las unidades presupuestadas de subordinación local, con 157 unidades más implicadas en estas indisciplinas respecto al año anterior. Compañeras y compañeros: El balance de ingresos recaudados y la ejecución de los gastos presupuestarios determina que el resultado de la liquidación del Presupuesto del Estado del año 2022 sea de un déficit ascendente a 70 mil 376 millones de pesos, inferior al aprobado en 5 mil 451 millones de pesos. Este resultado permitió ejecutar una demanda de financiamiento, a través de la emisión de bonos soberanos de la República, en valores inferiores a los previstos. Si bien la ejecución presupuestaria se enmarca en los límites aprobados en la Ley 144, existen dificultades, demostradas en los ejercicios de control y verificaciones realizadas por el Ministerio de Finanzas y Precios y en auditoría a la elaboración y liquidación del Presupuesto, ejecutada por la Contraloría General de la República, que conspiran contra la correcta utilización de los recursos financieros, y la capacidad de obtener mejores resultados. Superar estas deficiencias constituye una prioridad en las proyecciones de trabajo del sistema de Finanzas y Precios, y en cuya solución deben implicarse responsablemente todos los titulares de recursos presupuestarios. Diputadas y diputados: Al presentar este Informe sobre la Liquidación del Presupuesto del Estado del año 2022, ya se ha iniciado el proceso de elaboración del correspondiente al ejercicio fiscal 2024, por lo que la ocasión es propicia para compartir con esta Asamblea el pensamiento de nuestro Héroe Nacional José Martí, y cito “Los presupuestos son la vida cierta de los pueblos, el eje a cuyo rededor todos los demás actos del país se mueven y sujetan.”, fin de la cita. Esta idea martiana nos inspira a trabajar, con base en el estudio de los resultados alcanzados y en el análisis crítico y propositivo de soluciones sobre las limitaciones e insuficiencias que afectan la ejecución presupuestaria, con especial énfasis en la adopción de medidas que tributen a la reducción del déficit fiscal, lo que nos convoca a la conjunción de esfuerzos y compromisos de todos los sectores económicos y sociales, de las instituciones y la población misma. Con este empeño y rigor en la disciplina financiera podremos fortalecer las capacidades del Presupuesto del Estado, como herramienta que asegura financieramente la voluntad clara y cierta del pueblo cubano de avanzar, con la conducción de nuestro Partido Comunista, en la construcción del Socialismo próspero y sostenible al que aspiramos. ¡Muchas gracias!